Despliegan operativos en sueltas de toros y amenazan con multas de 20 mil pesos.

Pero… No a mujeres, niños y ancianos.

Por: Pablo Solano Tejeda

Cosamaloapan, Ver. Vaya contradicción la que se da en la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) de la Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro-Cosamaloapan.

Ya que se pondera más a los animales o –al menos, eso aparentan-; y es que la propia fiscalía amenazó con multar con la módica suma de 20 mil pesos a quien se atreviera siquiera tocar un solo pelo a los toros en las pasadas fiestas de Amatitlán, Veracruz. Sanción pecuniaria que corresponde a un Juez.

Peeerooo, en tratándose de personas, dejan mucho que  desear. Y casos hay varios, como el de la señora Ana María Hernández Lara que fue agredida física y verbalmente por una vecina de nombre Erika Morales Guzmán, una policía de la Secretaria de Seguridad Pública que según fue pensionada por invalidez, debido a un padecimiento crónico de los riñones. Y que pregona a los cuatro vientos que “tiene compradas a las autoridades y no le harán nada”.

Hechos por los que doña Ana María presento la respectiva denuncia en la Unidad Integral de Procuración de Justicia al otro día de que fue agredida en su propia casa por Erika Morales Guzmán, misma que -a decir de la presunta agraviada-, andaba en estado de ebriedad y traía un machete.

Pero a la fecha no ha visto ningún avance, por lo que el pasado día viernes 22 de junio de 2018 acudió con la fiscal del caso –una mujer obesa morena-, para solicitar el número de Carpeta de Investigación ya que nombraría un asesor jurídico para agilizar el asunto pero le fue negado por dicha fiscal, que en forma grosera y prepotente pretendió intimidar a quien esto escribe.

 

Incluso a los pocos minutos como por arte de magia llego una mujer que se ostentó como Directora del Instituto Municipal de la Mujer del ayuntamiento de Cosamaloapan de apellido Martínez –que portaba un gafete al revés-. Y dijo que era la asesora de doña Ana María Hernández Lara-. Y que en las más de tres semanas que se presentó la denuncia, ni tan siquiera había tomado en cuanta a la agraviada.

Quien también, se negó a darle el número de carpeta de investigación a la señora, diciendo que ella era su representante y que fuera a verla el abogado que asesoraría a la agredida.  Reteniéndola por casi una hora en las instalaciones de la UIPJ, reprendiéndola porque “había llevado a un reportero y ella –Ana María-, sería la responsable si sacaba una nota”.

Casos de agresiones como el de la señora Ana María Hernández Lara, a mujeres e incapaces hay varios que han sido literal y sospechosamente enterrados. De manera mañosa y vergonzosa por algunos malos servidores públicos de la antes procuraduría de justicia del estado.

Lo que amerita una revisión de las diligencias practicadas y la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Veracruz, así como del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

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